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Dos funcionarios y una empleada, los primeros citados en la investigación

El fiscal Cartasegna en una charla sobre Trata de Personas - FACEBOOK

Por Redacción

La causa que investiga la presunta desaparición de algunos efectos de la fiscalía de Fernando Cartasega, donde además se habrían detectado otras supuestas irregularidades, ya tiene a tres personas citadas para que ejerzan el derecho de defensa.

Son dos funcionarios y una empleada de mesa de entradas, a quienes les enviaron una notificación para ponerlos al tanto de la formación del expediente y que, en el caso de surgir algún elemento de cargo o sospecha, puedan hacer valer todos las herramientas procesales que le asisten por ley.

Según calificadas fuentes de tribunales, “se trata de quien fuera el secretario de la UFI Nº 4 de La Plata, Leandro Milone (hoy en otra dependencia judicial); un auxiliar letrado, Juan Manuel Valdés; y Estela Lavalle, asignada a la atención de los profesionales y el público en general”.

Los voceros consultados por EL DIA advirtieron además que en las próximas horas podrían surgir nuevos llamamientos, ya que en estos momentos “se está en la fase de análisis de las declaraciones testimoniales, que abundaron sobre el organigrama funcional de esa dependencia del Ministerio Público y el grado de responsabilidades sobre los efectos”.

Los informantes también dijeron que “el secretario o, quien cumpla con esa función, por más de que no cuente con la designación formal en el cargo, es el que debe velar por la protección de cada uno de los elementos secuestrados en el marco de las distintas pesquisas. Y dentro del ámbito de la fiscalía de Cartasegna, no había uno solo, sino al menos tres, ya que las áreas específicas de Trata de Personas y de Estupefacientes, tenían otros encargados que respondían al fiscal”.

Igualmente, por ahora no hay procesamientos ni imputación de una maniobra ilícita.

Esta causa se inició días atrás por una presentación del Fiscal General de nuestra ciudad, Héctor Vogliolo, ante la posible existencia de un delito de acción pública, que recayó en la UFI de Marcelo Romero, quien, por las razones apuntadas, dejará el expediente.

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